Legal

El artículo 23.1 de la Constitución Española proclama que tod@s tenemos derecho a participar en la vida política directamente o a través de representantes. Este artículo es una trascripción del artículo 21 de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y se replica en prácticamente todos los Estatutos de Autonomía de las diferentes Comunidades que integran España.

Se tiende a calificar como mecanismos de participación directa a los Referéndums y a la Iniciativa Legislativa Popular. Sin embargo, tanto el uno como la otra necesitan de la intervención de los representantes políticos para su convocatoria (Referéndum) o aprobación (ILP), con lo que no son realmente vías directas de participación.

Los fundamentos jurídicos del Derecho al Voto se basan en el citado artículo 23.1 y en el 1.2 de la Constitución, que declara que la Soberanía reside en el Pueblo, del que emanan los Poderes del Estado. Así, mediante este derecho, haríamos efectiva la posibilidad de participar directamente en la toma de decisiones, a nuestra voluntad, en aquellos temas en los que tengamos especial interés.

Los modelos que se exponen a continuación modifican el funcionamiento de las diferentes Cámaras donde se aprueban normas de distinto rango. Con estos modelos se instaura un nuevo sistema de co-gobierno en el que, a la labor de los representantes, se puede unir, puntualmente, la participación de los representados.

Al ser modificaciones de los Reglamentos de las Cámaras, no se entra en conflicto con la legislación que regula los Referéndum, pues la competencia para regular el funcionamiento de las Cámaras es exclusivamente suya. No hablamos, por tanto, de consultas o Referéndums. No hace falta que un Gobierno pregunte para que la gente pueda participar y decidir, porque es nuestro Derecho.